Ley 1386 de 2010 - Colombia



" Congreso de Colombia: Ley 1386 de 2010 LEY 1386 DE 2010 (mayo 21) D.O. 47.716, mayo 21 de 2010   por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones.   ANTECEDENTE LEGISLATIVO: PROYECTO DE LEY PUBLICADO GACETA 284/09 PRIMER DEBATE SENADO GACETA 980/09  Pag. 9 – CAMARA 347/09 SEGUNDO DEBATE SENADO GACETA 1297/09 Pag. 28 APROBACION PLENARIA SENADO GACETA 47/10 INFORME DE CONCILIACION GACETA 114/10 Pag. 11     Nota 1: Declarada exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 2011.   Nota 2: Citado en la Revista Memorando de Derecho. Universidad Libre. Seccional Pereira. 2012. Año 3. No. 3. Estudio de la legislación municipal en Colombia. Fernando Brito Ruiz.           El Congreso de la República de Colombia   DECRETA:   Artículo 1°. Prohibición de entregar a terceros la administración de tributos . No se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados. La recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades autorizadas en los términos del Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados.   Las entidades territoriales que a la fecha de expedición de esta ley hayan suscrito algún contrato en estas materias, deberán revisar de manera detallada la suscripción del mismo, de tal forma que si se presenta algún vicio que implique nulidad, se adelanten las acciones legales que correspondan para dar por terminados los contratos, prevaleciendo de esta forma el interés general y la vigilancia del orden jurídico. Igualmente deberán poner en conocimiento de las autoridades competentes y a los organismos de control cualquier irregularidad que en la suscripción de los mismos o en su ejecución se hubiese causado y en ningún caso podrá ser renovado.   ....


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