Comunicado 19 Corte Constitucional

COMUNICADO No. 19

Mayo 23 y 24 de 2018

 

EL NOMBRAMIENTO DE LOS GERENTES O DIRECTORES DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LOS GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, SEGÚN EL CASO, NO INFRINGE EL ART. 125 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EL CUAL CONFIERE AL LEGISLADOR UN MARGEN DE CONFIGURACIÓN PARA ESTABLECER LOS CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REVISIÓN

 

I.       EXPEDIENTE D-11782 AC - SENTENCIA C-046/18 (Mayo 23) M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

 

  1. Norma demandada

 

LEY 1797 DE 2016

(Julio 13)

 

Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

 

ARTÍCULO 20. NOMBRAMIENTO DE GERENTES O DIRECTORES DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial serán nombrados por el  Jefe de la respectiva Entidad Territorial. En el nivel nacional los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados por el Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la República, a los Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los tres (3) meses siguientes a su  posesión, adelantar los nombramientos regulados en el presente artículo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas correspondientes y evaluación de las competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para periodos institucionales de cuatro (4) años, el cual empezará con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio del periodo institucional del Presidente de la República, del Gobernador o del Alcalde. Dentro de dicho periodo, solo podrán ser retirados del cargo con fundamento en una evaluación insatisfactoria del plan de gestión, evaluación que se realizará en los términos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las normas reglamentarias, por destitución o por orden judicial.

 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para el caso de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado que a la entrada en vigencia de la presente ley hayan sido nombrados por concurso de méritos o reelegidos, continuarán ejerciendo el cargo hasta finalizar el período para el cual fueron nombrados o reelegidos.

 

Los procesos de concurso que al momento de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren en etapa de convocatoria abierta o en cualquiera de las etapas subsiguientes continuarán hasta su culminación y el nombramiento del Gerente o Director recaerá en el Integrante de la terna que haya obtenido el primer lugar, el nominador deberá proceder al nombramiento en los términos del artículo 72 de la Ley 1438 de 2011. En el evento que el concurso culmine con la declaratoria de desierto o no se integre la terna, el nombramiento se efectuará en los términos señalados en el primer inciso del presente artículo.

 

Del mismo modo, en los casos en que la entrada en vigencia de la presente ley, no se presente ninguna de las situaciones referidas en el inciso anterior, el jefe de la respectiva Entidad Territorial o el  Presidente de la República procederá al nombramiento de los Gerentes o Directores dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos señalados en el presente artículo.

 

  1. Decisión

 

Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 305 del 21 de junio de 2017.

 

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, por los cargos analizados.

 

3.      Síntesis de la providencia

 

El problema jurídico a resolver en esta oportunidad, consistió en establecer si la norma acusada viola el artículo 125 de la Constitución y específicamente, los principios del mérito y de no regresividad, al determinar la provisión de los cargos de director o gerente de las Empresas Sociales del Estado mediante el nombramiento por el Presidente, los gobernadores y alcaldes y no mediante concurso de méritos.

 

La Corte encontró que la provisión de dichos cargos mediante nombramiento por el Presidente, los gobernadores y alcaldes y no mediante concurso de méritos, no viola el principio del mérito contenido en el artículo 125 de la Constitución, porque esta misma disposición autoriza a proveer cargos mediante el sistema de libre nombramiento y remoción como forma de acceso a la función pública. Por ello, la Corporación advirtió que el Legislador tiene margen de configuración para establecer cuáles cargos son de esa naturaleza y la norma demandada cumple los requisitos fijados por la jurisprudencia para ese efecto, dado que: (i) los cargos de gerente y director de ESE son de dirección, conducción y orientación institucional de la administración descentralizada explícitamente excluidos de la carrera administrativa por el artículo 5º de la Ley 909 de 2004; (ii) los empleos a los que hace referencia la norma acusada ocupan el nivel jerárquico en la estructura de la entidad que reviste las funciones de dirección; y (iii) el ejercicio de esos cargos exige confianza plena e implica decisiones políticas.

 

En el mismo sentido, concluyó que la norma demandada no viola el mandato de no regresividad respecto de la provisión de empleos públicos, en tanto que la misma no otorga derechos, sino una competencia que no constituye la regulación de un derecho social (el acceso al cargo público por mérito) ni regula la faceta prestacional de un derecho, luego el principio de progresividad no le es aplicable.

 

 

 

POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA, LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ INEXEQUIBLES, CON EFECTO DIFERIDO A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2019, LAS NORMAS DE LAS LEYES ANUALES DE PRESUPUESTO NACIONAL DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013 Y 2014, QUE ASIGNABAN EL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DEL META A LA JURISDICCIÓN DE CORMACARENA

 

II.        EXPEDIENTE D-11963 - SENTENCIA C-047/18 (Mayo 23) M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

 

  1. Norma demandada

 

LEY 1737 DE 2014

(Diciembre 2)

 

Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015

 

ARTÍCULO 103. Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el Área de Manejo Especial de la Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, Cormacarena, sin incluir el territorio en litigio con Caquetá y Guaviare.

 

  1. Decisión

 

Primero.- Levantar los términos suspendidos para el presente asunto mediante el Auto 305 de 2017.

 

Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES los artículos 85 de la Ley 1485 de 2011; 87 y 95 de la Ley 1593 de 2012; 85 de la Ley 1687 de 2013; y 103 de la Ley 1737 de 2014, con EFECTOS DIFERIDOS a partir del 1º de enero de 2019.

 

  1. Síntesis de la providencia

 

De manera preliminar, la Corte definió que si bien la norma acusada solo tenía vigencia por el período fiscal de 2015, lo cierto es que actualmente continúa siendo aplicada para el ejercicio de sus funciones por parte de CORMACARENA y por ende, continua produciendo efectos jurídicos, de modo que procedía dictar un pronunciamiento de fondo sobre la presente demanda de inconstitucionalidad.

 

Le correspondió a la Corte determinar si la inclusión en la Ley de Presupuesto Nacional para la vigencia fiscal de 2015, de una norma que asigna el territorio del Departamento del Meta a la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, CORMACARENA, sin incluir el territorio en litigio con Caquetá y Guaviare, vulnera el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política y como consecuencia de ello, modifica una norma con contenido sustancial con efectos permanentes en el ordenamiento jurídico.

 

Después de analizar en detalle el anterior cargo, el Tribunal concluyó que el artículo 103 de la Ley 1737 de 2014 debía ser declarado inexequible por violar el principio de unidad de materia (art. 158 C.P.), a la vez que era necesario integrar la unidad normativa con los artículos de las leyes de presupuesto de los años 2011, 2012 y 2013, que tenían el mismo contenido normativo y por tanto, debían ser retirados del ordenamiento jurídico por idéntica razón. Los fundamentos de la decisión de inconstitucionalidad, fueron los siguientes:

 

  1. La jurisdicción de CORMACARENA se definió por el inciso 2º del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, en los siguientes términos: el “territorio del Área de Manejo Especial La Macarena, delimitado en el Decreto 1989 de 1989, con excepción de las incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico, CDA y CORPORINOQUIA.” Esta disposición, se modificó mediante el artículo 120 de la Ley 812 de 2003, Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, en el cual se estableció que la jurisdicción abarcaría “todo el territorio del Departamento del Meta, incluido el Área de Manejo Especial de La Macarena”. Sin embargo, esta última disposición fue derogada expresamente por medio de la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. Así, la jurisdicción de dicha entidad retornó a la establecida en la Ley original.

 

  1. A pesar de ello, el Legislador por medio de los artículos 85 de la Ley 1485 de 2011; 87 y 95 de la Ley 1593 de 2012; 85 de la Ley 1687 de 2013; y 103 de la Ley 1737 de 2014 (demandado), esto es, mediante Leyes Anuales de Presupuesto, consagró nuevamente el contenido sustancial del artículo 120 de la Ley 812 de 2003 (derogado), ampliando la jurisdicción de CORMACARENA a todo el territorio del Departamento del Meta y, además, precisaron, desde el 2012, que esta jurisdicción no comprende el “territorio en litigio con Caquetá y Guaviare”.

 

  1. Debido a lo anterior, a pesar de que el artículo 103 de la Ley 1737 de 2014 era el demandado, la Corte constató la necesidad de realizar una integración normativa en el presente asunto, entre la norma demandada, y los mencionados artículos 85 de la Ley 1485 de 2011; 87 y 95 de la Ley 1593 de 2012 y 85 de la Ley 1687 de 2013; dado que contienen identidad total o parcial de contenido normativo, siguen produciendo efectos jurídicos a pesar de haber perdido su vigencia, y en aras de no hacer inocua la decisión de la Corte; de manera que esta Sala dio aplicación al inciso 3° del artículo 6° del Decreto 2067 de 1991.

 

  1. Luego del análisis detallado realizado, la Corte concluyó que los artículos estudiados debían ser declarados inexequibles, primero, por la vulneración al principio de unidad de materia y, segundo, por la falta de correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo, según los cargos de la demanda. Lo anterior debido a que al tratarse de disposiciones varias, incluidas en las disposiciones generales de las Leyes Anuales de Presupuesto, no podían modificar el inciso 2° del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, norma de contenido sustantivo y con vocación de permanencia; ni de incorporar al ordenamiento jurídico una norma expresamente derogada por la Ley del Plan en la que, de hecho, debían fundamentarse.

 

  1. Se impuso, por ende, la expulsión del ordenamiento jurídico de las normas estudiadas por la mala práctica legislativa en la que se incurrió en las Leyes Anuales de Presupuesto 20112014, en las que amplió la jurisdicción de una Corporación Autónoma Regional sin tener competencia para ello en atención a la naturaleza las disposiciones generales de tales leyes. Además, se recordó que el artículo 123 también incluido también en la Ley Anual de Presupuesto 1737 de 2014, al igual que el demandado artículo 103, ambos pertenecientes a las disposiciones varias de las disposiciones generales, también implicó la vulneración de principio de unidad de materia, como fue estudiado en la sentencia C-704 de 2015 que lo declaró inexequible.

 

(vi) Por consiguiente, esta Corporación recordó que al Congreso le está vedado en las leyes anuales de presupuesto y, con mayor énfasis, en las disposiciones generales de estas, incorporar o modificar normas de contenido sustantivo o con vocación de permanencia1, tal y como sucedió con la modificación del inciso 2° del artículo 38 de la Ley 99 de 1993; e, igualmente, no le resulta posible modificar el Plan Nacional de Desarrollo en el que deben fundamentarse. Advirtió la Sala que este reiterativo proceder por parte del Legislativo constituye no solo la violación a la Constitución Política (artículo 158 y 169 Superiores) y el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional, sino también un indebido ejercicio de sus funciones que conducen a que, tal y como sucedió en el presente caso, se genere (a) la ausencia de coherencia normativa sistemática2 al interior de la Ley y, por ende, con el resto del ordenamiento jurídico; (b) la inclusión de normas extrañas, aisladas e inconexas al objeto de la ley anual de presupuesto3; (c) lo que a su vez conlleva, como en el caso estudiado, al desconocimiento del principio de seguridad jurídica4, pues se entorpeció la determinación y el cumplimiento del marco jurídico que define la jurisdicción de CORMACARENA5.

 

  1. En consecuencia, la Corte señaló que en caso de que el Legislador requiera adicionar, modificar o derogar una disposición permanente o de carácter sustantivo u orgánico, deberá expedir una norma con el correspondiente debate legislativo, respetuoso de la voluntad democrática, so pena de incurrir en los denominados y dañinos “micos jurídicos”.

 

  1. Debido a que se declaró la inexequibilidad de los artículos integrados normativamente, la Sala aclaró que la jurisdicción de CORMACARENA, es la definida por el inciso 2º del artículo 38 de la Ley 99 de 1993 vigente. Por tanto, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 99 de 1993 6, es CORPORINOQUIA la entidad a la cual le corresponde la jurisdicción sobre el Departamento del Meta, con la excepción del territorio de jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena.

 

  1. Los efectos que la Corte definió para esta sentencia de inexequibilidad fueron diferidos y, por consiguiente, solo empezarán a regir a partir del 1° de enero de 2019. Sin embargo, en procura de la protección del medio ambiente, la confianza legítima y los derechos adquiridos, entre estos, los laborales y la correcta administración de los recursos públicos, la inexequibilidad dispuesta en esta sentencia no afecta las situaciones jurídicas consolidadas, los derechos adquiridos, entre estos los laborales, ni los demás efectos jurídicos previos derivados de las normas en estudio.

 

  1. Igualmente, se determinó que al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le corresponde, en acatamiento del artículo 2° de la Ley 99 de 1993, coordinar entre CORMACARENA y CORPORINOQUIA, lo pertinente para el acatamiento de esta decisión y, en esa medida, en cumplimiento de sus funciones, debe garantizar la correcta adopción y ejecución de las políticas y los planes, programas y proyectos respectivos, en procura del cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la Nación.

 

La Magistrada Diana Fajardo Rivera y el Magistrado Alejandro Linares Cantillo se reservaron la presentación eventuales aclaraciones de voto.

 

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1 Sentencias C-685 de 1996, C-402 de 1997, C-201 de 1998, C-177 de 2002, C-803 de 2003, C-1124 de 2008, C-006 de 2012, C-052 de 2015, C-652 de 2015, C-486 de 2016, entre muchas otras.

 

2 Sentencias C-025 de 1993 y C-402 de 1997.

 

3 Cita en la Sentencia C-142 de 2015: Sentencias C-523 de 1995, C-657 de 2000, C-501 de 2001, C-570 de 2003, C-230 de 2008, C-802 de 2009 y C-077 de 2012.

 

4 En este sentido, la Corte en la sentencia C-803 de 2003 puntualizó que la unidad de materia contribuye a consolidar el principio de la seguridad jurídica porque, por un lado asegura la coherencia interna de las leyes, las cuales no obstante que pueden tener diversidad de contenidos temáticos, deben contar siempre con un núcleo de referencia que les de unidad y que permita que sus disposiciones se interpreten de manera sistemática, y por otro, evita que sobre la misma materia se multipliquen las disposiciones, en distintos cuerpos normativos, con el riesgo de que se produzcan inconsistencias, regulaciones ocultas e incertidumbre para los operadores jurídicos.

 

5 Sentencia C-665 de 2016.

 

6 “Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, CORPORINOQUIA: su jurisdicción comprenderá los Departamentos de Arauca, Vichada, Casanare, Meta*, los municipios del Departamento de Cundinamarca, a saber: Guayabetal, Quetame, Une, Paratebueno, Chipaque, Cáqueza, Fosca, Gutiérrez, Choachí y Ubaque; y los municipios de Pajarito, Labranzagrande, Paya, Pisba y Cubará del Departamento de Boyacá, con excepción del territorio de jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena. Tendrá su sede principal en la ciudad de Yopal y subsedes en los Municipios de Arauca en el Departamento de Arauca, Villavicencio en el Departamento del Meta* y la primavera en el Departamento del Vichada. Las subsedes entrarán a funcionar seis meses después de la sede principal. Los recursos percibidos por CORPORINOQUIA se distribuirán equitativamente entre la sede principal y las subsedes.” Resaltado propio

 

 

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL REALIZÓ EL CONTROL AUTOMÁTICO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY APROBATORIA DEL ACUERDO DE PARÍS, QUE TIENE POR OBJETO FORTALECER LA RESPUESTA MUNDIAL A LA AMENAZA DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL ESFUERZO EN PRO DE ERRADICAR LA POBREZA

 

III. EXPEDIENTE LAT-447 - SENTENCIA C-048/18 (Mayo 23) M.P. Cristina Pardo Schlesinger

 

  1. Norma revisada

 

LEY 1844 DE 2017 (Julio 14) por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia. El texto completo de la ley se puede consultar en el Diario Oficial No. 50.294 del 14 de julio de 2017.

 

  1. Decisión

 

Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada dentro del presente proceso mediante el Auto 305 de 21 de junio de 2017.

 

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de Paris”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en Paris, Francia.

 

Tercero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1844 de 2017, “por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Paris”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en Paris, Francia”.

 

  1. Síntesis de la providencia

 

La Corte determinó que la revisión formal de constitucionalidad del instrumento y de su ley aprobatoria se ajustaba a los requisitos establecidos por la Constitución y desarrollados por la jurisprudencia.

 

Señaló que el Acuerdo de Paris fue suscrito el 22 de abril de 2016 por el Presidente de la República, por lo que en virtud de lo establecido en el literal a), numeral 2 del artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, no fue necesaria la expedición de plenos poderes y, en consecuencia, se satisface el requisito de forma respecto a la calidad de la persona que debió suscribirlo. Destacó que las normas del Acuerdo se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos, sin que su objeto sea expedir una regulación específica referida a las comunidades étnicas, por lo que no era necesario agotar el mecanismo de la consulta previa. Sin perjuicio de esto, enfatizó en que, en adelante, las disposiciones de orden legislativo o administrativo que se expidan en desarrollo y aplicación de la Ley 1844 de 2017, así como las demás medidas de implementación, deben surtir la consulta previa obligatoria respecto de las comunidades culturalmente diferenciadas, si alguna de ellas es susceptible de afectarles de manera específica y directa.

 

En cuanto al trámite de aprobación del proyecto de ley en el Congreso, la Corte verificó que: (i) el Proyecto de Ley 139 de 2016 fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional el 7 de septiembre del mismo año, cumpliéndose así con el requisito referente a la iniciación de esta clase de asunto en el Senado (art. 154 CP) y la publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva (numeral 1º del artículo 157 de la CP); y (ii) el 14 de julio de 2017 el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, delegatario de funciones presidenciales mediante el Decreto 1183 del 11 de julio de 2017, sancionó la Ley 1844 de 2017, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Paris y, posteriormente, el 19 de julio de 2017, fue remitido el texto a la Corte Constitucional, dando cumplimiento al término de 6 días señalado por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución. Asimismo, determinó que se cumplieron con las demás exigencias constitucionales, a saber: (i) la oportunidad en la radicación del proyecto de ley en el Senado de la República; (ii) y en la publicación del proyecto de ley y cumplimiento de los requisitos del artículo 157 Superior; (iii) el cumplimiento del primer inciso del artículo 160 Superior; (iv) el cumplimiento del quórum decisorio; (v) el cumplimiento del requisito de anuncio del artículo 160 constitucional, tal como fue modificado por el artículo 8º del AL 01 de 2003; y (vi) el cumplimiento del artículo 162 de la Constitución.

 

En relación con el contenido material de la Ley 1844 de 2017, la Corte lo encontró ajustado a la Constitución. En ese sentido, advirtió que Colombia con la suscripción del Acuerdo adquirió obligaciones en la medida de sus capacidades, tendientes al desarrollo de los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 79 y 80 de la Carta Política, que imponen al Estado la obligación de proteger el medio ambiente y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para así garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución y prevenir su deterioro.

 

De manera general, la Corte recalcó el deber de tomar todas las medidas necesarias y adecuadas, bien sea a través de la vía legislativa, como por medio de políticas públicas, que estén encaminadas a preservar las riquezas naturales y el entorno ecológico. Dentro de este marco, resaltó que el Acuerdo de Paris establece un plan de acción mundial para poner un límite al calentamiento global, a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo el objetivo global de mantener el aumento en la temperatura promedio en no más de 2ºC sobre los niveles preindustriales.

 

En relación con los objetivos y principios del Acuerdo de París, la Corte señaló que éstos son consistentes con el respeto a la autodeterminación de los pueblos, que es fundamento de las relaciones exteriores del Estado colombiano, tal como lo consagra el artículo 9º de la Constitución. A su vez, determinó que éstos responden a los deberes del Estado en materia de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, consagrados en los artículos 79 y 80 constitucionales, y son consonantes con la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, que son las bases de las relaciones internacionales del país, en atención a lo establecido en el artículo 226 Superior.

 

Frente a los compromisos para lograr el Acuerdo, la Corte encontró que éstos pueden dividirse en cuatro categorías (i) mitigación; (ii) adaptación; (iii) pérdidas y daños; y (iv) sumideros y depósitos. Resaltó que el reconocimiento de las necesidades específicas y las condiciones especiales de los países en desarrollo y de los menos adelantados, al momento de adoptar medidas para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, son directrices que se acompasan con la equidad que debe regir las relaciones entre los países con diverso grado de desarrollo y con la política de conveniencia nacional que debe guiar las relaciones internacionales sobre la materia, tal como lo establece el artículo 226 de la Constitución. Asimismo, destacó que los esfuerzos de adaptación pueden implicar importantes intervenciones públicas, lo cual se encuentra en concordancia con lo establecido en el artículo 1º Superior, a su vez que es un desarrollo del artículo 7º Constitucional.

 

Sobre los medios de implementación, señaló que éstos se refieren a (i) financiamiento; (ii) tecnología; (iii) educación; y (iv) rendición de cuentas. Enfatizó en el hecho de que Colombia podría cumplir sus obligaciones para darle frente al cambio climático de manera eficaz con la ayuda de otras naciones, dando así cumplimiento al mandato constitucional de internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, establecido en el artículo 226 de la Constitución, así como con el mandato del artículo 227 Superior de promoción de la integración internacional, especialmente en el área de Latinoamérica. Asimismo, enfatizó en el deber de las partes de cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático, lo cual es desarrollo del artículo 67 de la Constitución. Por último, advirtió que, el hecho de que exista un cierto grado de flexibilidad en el cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo, y de que no exista una sanción determinada para el efecto, no implica que las obligaciones internacionales dejen de existir, por lo que Colombia deberá cumplir con sus obligaciones en la medida de sus capacidades, desarrollando así los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 79 y 80 de la Carta Política.

 

En consecuencia, la Corte concluyó que los objetivos del Acuerdo de Paris en pro de mitigar el calentamiento global y ejercer acciones contra el cambio climático se encuentran acordes con la jurisprudencia constitucional, la cual ha dado relevancia a los principios de prevención y precaución, los cuales exigen implementar las acciones necesarias y adecuadas para mitigar o prevenir daños al medio ambiente.

 

 

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL SE INHIBIÓ DE EMITIR UN FALLO DE FONDO SOBRE EL ART. 14 DE LA LEY 1805 DE 2016, POR CUANTO LA DEMANDA NO CUMPLÍA CON LA CARGA EXIGIDA PARA FORMULAR UNA ACUSACIÓN POR VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LOS CARGOS POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLURALISMO JURÍDICO Y DEBER DE PROTECCIÓN ESTATAL, ASÍ COMO LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y LIBERTAD DE CONCIENCIA CARECÍAN DE CERTEZA, ESPECIFICIDAD Y SUFICIENCIA

 

IV.       EXPEDIENTE D-11818 - SENTENCIA C-049/18 (Mayo 23) M.P. Diana Fajardo Rivera

 

  1. Norma demandada

 

LEY 1805 DE 2016

(Agosto 4)

 

Por medio de la cual se modifican la Ley 73 de 1988 y la Ley 919 de 2004 en materia de donación de componentes anatómicos y se dictan otras disposiciones.

 

ARTÍCULO 14. En aquellos casos en los cuales dos (2) personas en lista de espera de trasplante de órganos o tejidos sean médicamente compatibles y tengan el mismo nivel de gravedad, el órgano o tejido será trasplantado a la persona que hizo expresa su voluntad de ser donante de órganos y tejidos y se encuentre identificada como tal.

 

  1. Decisión

 

Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 1805 de 2016, “Por medio de la cual se modifican la Ley 73 de 1988 y la Ley 919 de 2004 en materia de donación de componentes anatómicos y se dictan otras disposiciones.”

 

  1. Síntesis de la providencia

 

Aunque el entonces magistrado sustanciador consideró preliminarmente que la demanda reunía los requisitos de admisibilidad, luego de la actuación procesal y la discusión en el pleno, la Corte se inhibió para adoptar una decisión de fondo, pues determinó que todos los cargos formulados carecían de aptitud sustantiva.

 

La demanda señala que la norma es inconstitucional por cinco razones:(i) contraría el principio de pluralismo jurídico (Art. 1º C.P.) debido a que la medida privilegia una cosmovisión sobre la donación de órganos y tejidos; (ii) desconoce el deber del Estado de proteger la vida de todas las personas por igual (Art. 2 C.P.); (iii) vulnera el principio de igualdad (Art. 13 C.P.) al privilegiar a un grupo de personas sin que exista una razón suficiente ni proporcional que lo justifique; (iv) obstruye el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 C.P.) al imponer el deber de declararse como donantes de órganos frente al temor de perder prelación para recibir un trasplante; y finalmente, (v) afecta la libertad de conciencia (Art. 18 C.P.) al condicionar un beneficio que impacta en la vida de las personas a un asunto que es de su fuero interno. La Corte consideró que los cargos por violación al principio de pluralismo jurídico y deber de protección estatal, así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad y libertad de conciencia carecían de certeza, especificidad y suficiencia.

 

Por último, la Corte concluyó que la demanda no cumplía con la carga mínima exigida por la jurisprudencia constitucional para formular un cargo por igualdad, esto es: i) indicar los grupos involucrados o situaciones comparables; ii) el presunto trato discriminatorio introducido por la disposición acusada; y iii) la razón por la cual el trato diferenciado carece de justificación constitucional.

 

  1. Salvamentos de voto

 

Los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos expresaron su salvamento de voto, al considerar que la demanda cumplía con los requisitos mínimos que permitían a la Corte realizar un examen de fondo de los cargos planteados y emitir un pronunciamiento de mérito.

 

El Magistrado Rojas Ríos observó que, según lo expuesto en la demanda, la actora identificó la norma legal censurada, el precepto constitucional vulnerado y formuló el concepto de la violación. A su juicio, una decisión inhibitoria es a todas luces inconstitucional, por cuanto: (i) desconoce que el Constituyente quiso que la acción de inconstitucionalidad fuese una herramienta procesal meramente instrumental que facilite la discusión en sede de pretensiones que susciten ciudadanos preocupados por la integridad del pacto de convivencia. (ii) Vulnera el derecho del demandante a contribuir y participar en el control del ejercicio del poder legislativo y a la defensa de la supremacía constitucional. (iii) Desatiende el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. (iv) El abuso de las decisiones inhibitorias conculca el derecho al acceso a la administración de justicia del ciudadano y cercena su participación en el control político. En otras palabras, una decisión inhibitoria es contraria a la Constitución, en la medida en que desconoce normas de rango superior.

 

El referido Magistrado advirtió que la decisión inhibitoria desconocía las reglas jurisprudenciales del principio pro actione, pautas que sustentan las decisiones de fondo por parte de la Corte y que son el resultado de la visión constitucional y democrática de la labor del juez en el ejercicio de la administración de justicia adelantada en la acción pública de inconstitucionalidad. En atención al carácter prevalente del mencionado principio, consideró que se debió decidir de fondo sobre la constitucionalidad de la norma acusada, ya que los argumentos esbozados por la censora cumplían los requisitos mínimos para un pronunciamiento de mérito.

 

 

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ LA NULIDAD DE LA SENTENCIA SU-310/17, EN RAZÓN DE HABERSE OMITIDO EN EL ANÁLISIS DEL CASO, UNA CUESTIÓN DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL CON INCIDENCIA EN LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO SOLICITADO, AL NO HABER TENIDO EN CUENTA EL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 QUE MODIFICÓ EL ART. 48 DE LA CARTA POLÍTICA

 

V. SOLICITUD DE NULIDAD DE LA SENTENCIA SU-310/17 AUTO 320/18 (Mayo 23) M.P. Cristina Pardo Schlesinger

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la nulidad de la sentencia SU-310 de 2017, toda vez que constató que en este caso se había abstenido de analizar normas de relevancia constitucional directamente relacionadas con la controversia de tutela. En concreto, al resolver sobre el amparo solicitado, la Corporación encontró que en su análisis omitió referirse a todas aquellas modificaciones que sufrió el artículo 48 de la Carta Política con ocasión de la adopción del Acto Legislativo 01 de 2005, lo cual era de suma transcendencia, al referirse al derecho fundamental a la Seguridad Social en materia pensional, teniendo en cuenta que uno de los aspectos que debía haberse analizado aludían a la vigencia del incremento del 14% de la pensión por cónyuge o compañero (a) a cargo, contenido en el régimen especial de que trataba el Acuerdo 049 de 1990, incorporado con el Decreto 758 de 1990.

 

Advirtió que, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, el Acto Legislativo 01 de 2005 pretendió dar remedio a diversas dificultades que amenazaban la viabilidad del sistema de seguridad social en su segmento pensional. En particular, recordó que el principal objetivo de la reforma constitucional fue unificar los requisitos y beneficios pensionales, en aras de lograr una mayor equidad y sostenibilidad del sistema. Entre otros presupuestos básicos establecidos por el constituyente, resaltó la liquidación sobre los factores efectivamente cotizados y el establecimiento de un límite en el valor de las pensiones.

 

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la sentencia SU-310/17 se basó exclusivamente en la aplicación del principio in dubio pro operario contenido en el artículo 53 de la Constitución relativo a los principios mínimos que deben regir a las relaciones de trabajo, sin contrastarlo con el resto del texto constitucional aplicable, situación que determinó la prosperidad de los cargos de nulidad. A juicio de la Corte, si bien la aplicación del principio in dubio pro operario tenido en cuenta por la sentencia SU-310/17 como fundamento para acoger las pretensiones de los accionantes podría ser un criterio auxiliar válido para dirimir otra clase de litigios laborales, cuando se trata de pretensiones que atañen directamente al sistema de seguridad social en su rubro pensional, la aplicación de tal principio no podía pasar por alto el análisis relativo a su eventual compaginación con el contenido expreso del artículo 48 de la Constitución, tal y como quedó modificado luego de expedido el Acto Legislativo 01 de 2005, acorde con el deber jurídico de propender una interpretación integradora y sistemática del ordenamiento jurídico.

 

Como lo señaló la propia sentencia SU-310 de 2017, la duda que da lugar a la aplicación de los principios de favorabilidad e in dubio pro operario debe surgir de la interpretación de las fuentes formales del derecho, duda cuya solución requiere de por los menos dos interpretaciones dentro de este marco jurídico, una de las cuales no se tuvo en cuenta en el análisis hecho en la citada sentencia.

 

La Corte aclaró que al decidir el incidente de nulidad no hace juicio alguno sobre el sentido que habría tenido el fallo que se invalida, si en su momento, hubiera contrastado el principio in dubio pro operario consagrado en el artículo 53 de la Carta Política con las disposiciones que adicionaron el artículo 48 Superior, con ocasión de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005. La decisión de fondo corresponderá al fallo que habrá de proferirse por la Sala Plena, en reemplazo de la sentencia anulada.

 

4.      Salvamentos de voto

 

Las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado y los Magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos se apartaron de la decisión mayoritaria, toda vez que a su juicio no se configuraban los requisitos para declarar la nulidad de la sentencia SU-310 de 2017. En su criterio, no se demostró la vulneración al debido proceso por haberse eludido el análisis de cuestiones de relevancia constitucional. De manera concreta, no se argumentó cómo un estudio profundo del Acto Legislativo 01 de 2005, debía tener como resultado, una incidencia determinante en la decisión.

 

Para la Magistrada Fajardo Rivera, no era tan claro que en ese fallo no se hubiera debatido acerca de la vigencia del incremento del 14% por cónyuge o compañero (a) permanente a cargo, pese a la reforma introducida por el citado Acto Legislativo al artículo 48 de la Constitución, como lo evidencian los dos salvamentos de voto anunciados. En su concepto, la Sala Plena, al decidir sobre la nulidad, toma partido sobre la cuestión de fondo que es propia de la decisión de revisión, lo cual es ajeno a la resolución de este incidente. Por su parte, la Magistrada Ortiz Delgado observó que, como lo ha sostenido de manera constante la jurisprudencia, no es obligación de la Corte estudiar todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes, por lo que dejar de considerar alguno no constituye causal de nulidad de la sentencia, menos aún, cuando se aduce por un interviniente tardío, que no era parte en el proceso de tutela. En concepto de las Magistradas, en el presente caso no se plantea propiamente una causal de nulidad, sino una discrepancia de fondo sobre la interpretación hecha en la sentencia de unificación de jurisprudencia, lo cual no puede ser controvertido en sede de nulidad.

 

Adicionalmente, el Magistrado Reyes Cuartas advirtió que el punto concerniente al impacto fiscal de una orden de amaro de derechos fundamentales, por estar de por medio la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social en su componente pensional, no podía ser objeto de debate en la decisión de tutela, como lo establece el mismo Acto Legislativo 01 de 2005 y lo ha reafirmado la jurisprudencia. A su juicio, la declaración de nulidad implica que se asuma una postura regresiva en materia de derechos sociales ya definidos por la Corte Constitucional.

 

De otro lado, el Magistrado Rojas Ríos consideró que el derecho al incremento del catorce por ciento no podía derogarse en virtud del Acto Legislativo 1 de 2005, toda vez que esa norma, precisamente, tiene por objeto la protección de derechos adquiridos, entre los cuales se encuentra la prestación referida, la cual es imprescriptible de conformidad con las sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014, T-319 de 2015, T-369 del 2015, T-395 de 2016 y T-460 de 2016.

 

En su concepto, la Corte no sólo realizó un estudio que acusa ausencia de rigor sobre las causales de nulidad, sino que adoptó una decisión regresiva que desconoce las reglas establecidas en la sentencia T-469 de 2013, relativas a las cargas argumentativas para adoptar decisiones de tal naturaleza y la obligación de progresividad en materia de derechos sociales. La decisión adoptada por la Corte Constitucional desconoce la seguridad jurídica que se desprende de sus decisiones, y en ese sentido lleva la impronta de retroceso en la defensa que había asumido a favor de los trabajadores, con lo cual se desconocen de manera abierta los principios de equidad y solidaridad, presupuestos básicos para lograr la igualdad material y la libertad que se concreta en la garantía de condiciones de vida digna de los adultos mayores que cumplieron cada uno de los requisitos para lograr el derecho a pensionarse y que con su esfuerzo contribuyeron a la construcción del Estado Social de Derecho.

 

 

 

LA CORTE CONFIRMÓ LA TUTELA CONCEDIDA EN SEGUNDA INSTANCIA POR UNA SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO, QUE CONSIDERÓ SE HABÍA INCURRIDO EN UN DEFECTO SUSTANTIVO Y EN UN DEFECTO FÁCTICO POR PARTE DE LA SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO, AL HABER ANULADO EL ACTO DE ELECCIÓN DEL DOCTOR ALBERTO ROJAS RÍOS COMO MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

VI.      EXPEDIENTE T 5027021 - SENTENCIA SU-050/18 (Mayo 24) M.P. Cristina Pardo Schlesinger

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió confirmar la decisión de segunda instancia de la acción de tutela, adoptada el 11 de mayo de 2015 por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que había revocado la totalidad de la Sentencia proferida el 25 de junio de 2014 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se había resuelto declarar la nulidad del acto que eligió a Alberto Rojas Ríos para ejercer el cargo de Magistrado de la Corte Constitucional.

 

Los fundamentos de la anterior decisión fueron los siguientes:

 

La Sala Plena estimó que la sentencia proferida el 25 de junio de 2014 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió declarar la nulidad del acto que eligió a Alberto Rojas Ríos para ejercer el cargo de Magistrado de la Corte Constitucional, incurrió en defecto sustantivo al haber interpretado el artículo 45 del Reglamento del Consejo de Estado (en su redacción vigente para el momento de los hechos) de manera desproporcionada en contra de los intereses del tutelante. Lo anterior, por cuanto el parágrafo de dicha disposición permitía, en caso de reiteradas votaciones sin poder elegir, optar por otro procedimiento o mecanismo de conformación de la decisión electoral. En el caso concreto, el mecanismo adoptado –ponerse de pie para auscultar la viabilidad de una proposición- no podía equipararse a una votación, toda vez que la misma no se dio en ese momento, sino posteriormente mediante papeletas escritas depositadas con la plenitud de las garantías referentes a la calidad secreta del voto y el respeto del quórum decisorio legalmente establecido. La Sala constató que esta misma práctica o procedimiento ya se había utilizado en por lo menos una ocasión anterior. Recordó que el carácter secreto del voto es un derecho mas no una obligación. En el caso del ejercicio de la función nominadora de las altas corporaciones judiciales, esta función es obligatoria y suscita naturalmente una deliberación en la que se hacen explícitas las preferencias. En este contexto, la real posibilidad de ejercer el derecho al secreto del voto radica en la ausencia de presión para revelar el sentido del mismo, sumado al instrumento del voto, que debe ser adecuado para garantizar la reserva. En este caso, esta garantía no se vio desconocida, pues los consejeros no fueron obligados a ponerse de pie, a tal punto que algunos que manifestaron reticencias se mantuvieron sentados en sus sillas, y después participaron en la votación secreta a través de papeleta escrita.

 

A juicio de la Sala se produjo también un defecto fáctico, en cuanto el análisis hecho por la Sección Quinta del Consejo de Estado no corresponde a las pruebas que demuestran que finalmente hubo con toda certeza una votación secreta con todas sus garantías, verificada mediante papeleta escrita. Adicionalmente, el no darle ningún valor a esta última ronda de votación, como si la misma no hubiera existido, configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

 

?   Salvamentos y aclaración de voto

 

La Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Luis Guillermo Guerrero Pérez salvaron su voto en el presente asunto, puesto que, contrario a lo decidido por la mayoría, consideraron que los defectos alegados por el accionante no se demuestran en este caso, con base en los siguientes argumentos:

 

1. En relación con el defecto orgánico alegado por el accionante, fundado en la presunta incompetencia del Consejo de Estado para pronunciarse sobre la nulidad electoral del acto administrativo de designación de la terna para magistrados de la Corte Constitucional debe destacarse lo siguiente:

 

De acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, una de las causales de nulidad es la falta de jurisdicción, evento al que se subsume la problemática analizada, lo que demuestra la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento de la condición de subsidiariedad. Ahora bien, en criterio de los Magistrados disidentes, incluso si en gracia de discusión se analizara de manera sustantiva sobre la existencia del defecto alegado, se encuentra que el acto de conformación de la terna tiene la condición propia de los de trámite, siendo objeto de demanda el acto que concluye la actuación, en este caso el proferido por el Senado de la República que decidió la elección del Magistrado Rojas Ríos. En ese orden de ideas y de conformidad con la jurisprudencia reitera del Consejo de Estado, es el acto definitivo el que determina la competencia, por lo que el asunto fue debidamente asumido por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Además, también debe tenerse en cuenta que, por solicitud del accionante, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió la materia y concluyó que la competencia del asunto era del Consejo de Estado. Respecto de esta decisión no se formuló acción de tutela u otro recurso judicial, ni tampoco la Corte Suprema de Justicia reclamó para sí la competencia sobre el caso, razón por la cual lo decidido por la mayoría no solo deja de advertir las razones que sustentaban la competencia de la Sección Quinta, sino que desconocen, de manera oficiosa, los efectos de la decisión del Consejo Superior de la Judicatura. Esto debido a que la acción de tutela que motivó los fallos objeto de revisión no se dirigió contra dicha decisión, por lo que no era admisible que la Corte extendiera las consecuencias de su fallo a esa providencia.

 

  1. En lo que respecta al defecto sustantivo declarado por la mayoría, los Magistrados Bernal Pulido, Guerrero Pérez y la Magistrada Ortiz Delgado consideran que no concurre en el caso analizado. Esto bajo el entendido que la interpretación que hizo la Sección Quinta del Consejo de Estado frente al artículo 45 del Reglamento de dicha Corporación, no fue arbitraria ni desproporcionada, por cuanto se basó en criterios hermenéuticos plausibles que salvaguardan los principios de imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones electorales y nominadoras de las Altas Cortes, por lo que no se configuraba el defecto sustantivo alegado frente a la declaratoria de nulidad de la elecci&a
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